Por Ramón Rada Jaman, presidente de la Comisión de Innovación del IIMCh; y director
de SUTMIN

Con el 2025 ya instalado, y con los vientos de cambio de la estacionalidad, la  imperante
necesidad de mejorar nuestro desempeño presenta una lista de deseos con la que más de
algún representante del ecosistema minero estará de acuerdo.

Y es que, aunque la industria ha demostrado ser altamente profesional,  resiliente y
autónoma a la hora de asumir retos, para el sector de mayor tracción de nuestra
economía -en materia de inversión, desarrollo económico e innovación- el camino no es
tan simple.

Pese a la tecnología y la capacidad del rubro para trabajar con recursos limitados, la
reactivación económica, sin duda, encabeza la “lista de deseos”. Nuestra minería necesita
urgentemente volver a crecer. Es fundamental romper con la tendencia a la baja en la
producción, para retomar un impulso dinámico y sostenible de crecimiento.

En este punto, materializar el inicio del catastro de proyectos, con un portafolio de
inversión que supera los US$83.000 millones, es clave. Lo curioso y contradictorio es que
el proyecto minero-portuario de Dominga, en La Higuera, sigue frenado; por un Comité de
Ministros que, sin ministros, reunido fuera de plazo y con cuestionada parcialidad, lo
rechaza.

En el segundo lugar de la lista podría ubicarse la transparencia. Llama la atención que, en
la misma semana en que el Ministerio de Hacienda y Codelco vuelven a emitir bonos de
deuda pública de largo plazo por aproximadamente US $4.900 millones, los recursos se
equiparen a dos veces la inversión rechazada en La Higuera.

Dicho monto es también similar a dos veces la inversión requerida para recuperar la
capacidad de fundición que perdimos con el cierre de “Fundición Ventanas” y “Hernán
Videla Lira” (Paiporte), conformándose así el más claro ejemplo de injusticia tributaria
transgeneracional. En 2025, las señales de transparencia deben ser claras, ya que la mayor
deuda la tenemos en nuestra minería estatal. Esa deuda no la pagará esta generación,
sino la futura.

Como tercer deseo, sin duda, somos muchos los actores del mundo minero que
esperamos coherencia. En un país donde la crisis económica asola zonas rurales y
extremas, con evidente erosión de suelos y degradación del entorno por la falta de
inversión; no se entiende que la burocracia ambiental y la permisología nefasta dilate y
evite el desarrollo de proyectos que buscan, entre otros objetivos, dar sostenibilidad al
territorio en que se instalan las inversiones.

El caso del rechazo por parte del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) del proyecto en
Penco Biobío (tierras raras) y Mataquito Maule (transmisión) por encontrar seis y dos
especies de Naranjillos, respectivamente, en la zona de ejecución es no entender que,
precisamente, son estos proyectos los que salvarán a estas aisladas especies, con empleo
y prosperidad para la comunidad. De otro modo, con toda probabilidad morirán.

Este año debemos sustituir la permisología patológica que está destruyendo a la industria,
por acciones que respondan a las necesidades del territorio y sus comunidades.

Además, como cuarto punto de la lista, muchos proveedores de la minería pedimos
responsabilidad. Los esfuerzos que se destinaron para lograr una distribución más justa y
equitativa de los recursos del royalty no fueron pocos.  Pues bien, aún está pendiente la
rendición de cuentas de los recursos adelantados, en un 50%, a las comunas beneficiadas
por el “fondo puente”.

A la fecha sólo se conoce una pequeña parte de la distribución del fondo (18,7%). Llama
profundamente la atención saber que cerca de la mitad de los dineros del royalty se haya
destinado a transferencias directas (en tarjetas de regalo, por ejemplo); mientras que sólo
un 8,7% se haya dirigido a iniciativas de inversión.

Finalmente, el quinto, y quizás el más importante, deseo es la seguridad: la salud,
prevención de riesgos y la protección física en faenas son indispensables. Sin embargo,
amenazas externas como la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo oscurecen el
panorama.

Igual de importante es la seguridad sobre las garantías operacionales, donde todo lo que
se hace es vinculante y tiene un compromiso de largo plazo. Nuestros trenes mineros
deben llegar a puerto para descargar, las garitas en faena deben controlar identidad sin
riesgos y los camiones tienen que moverse en todo el territorio sin amenazas a su
integridad. Lo mismo esperamos para los agentes que resguardan comunidades, faenas y
entorno, ya que sin seguridad no hay industria.

Con crecimiento, transparencia, coherencia, responsabilidad y seguridad nuestra industria
podrá volver a crecer, en 2025, en un escenario de certidumbre legislativa, vinculante y
cierta, para cuidar nuestra minería y que Chile vuelva a ser un atractivo país minero.