Por Ricardo Mak Cortez

  • Abogado
  • Magister en Derecho Procesal
  • Master en Derecho de las Empresas (c)
  • Diplomado en Derecho Minero

En nuestro país, la minería ha sido y continúa siendo, un motor fundamental de la
economía, la cual ha tenido una serie de regulaciones normativas innovadoras en
muchos casos, que han confluido en un desarrollo constante y permanente. Sin
perjuicio de aquello, en las últimas décadas, la industria de la minería ha
enfrentado una creciente demanda de sostenibilidad, impulsada por las
preocupaciones ambientales de la ciudadanía y la estricta regulación que el
Estado impone en esta materia, siendo esto el punto de inflexión entre el delicado
equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente.

La Constitución de Chile garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de
contaminación, lo que impone al Estado la obligación de proteger y preservar la
naturaleza. Para la minería, esto se traduce en una regulación exhaustiva que
exige (en casos calificados) que los proyectos mineros obtengan -por ejemplo- una
Resolución de Calificación Ambiental (RCA), mediante un procedimiento de
evaluación de impacto ambiental ante el Servicio de Evaluación de Impacto
Ambiental “SEIA”. Este proceso, que generalmente requiere un Estudio de
Impacto Ambiental (EIA), es la primera gran barrera que una empresa minera
debe superar para poder operar legalmente en el país.

Además del SEIA, un proyecto minero necesita cumplir con alrededor de 220
permisos, de los cuales 39 son Permisos Ambientales Sectoriales gestionados
dentro del SEIA, mientras que los otros deben obtenerse de manera externa. Esta
estructura normativa, basada en la Ley 19.300 y el reglamento contenido en el DS
N°40 de 2012, establece estándares que buscan prevenir y mitigar el impacto
ambiental de la minería, especialmente en localidades sensibles como Tocopilla y
Calama, donde los planes de descontaminación son cruciales.

A pesar de estos esfuerzos, la minería sigue siendo una actividad de alto riesgo
para el medio ambiente. La responsabilidad por daño ambiental, regulada también
en la Ley 19.300, es un concepto que ha tomado fuerza en Chile, impulsado por la
labor de los Tribunales Ambientales creados por la Ley 20.600. Estos tribunales
tienen la función de atender los conflictos relacionados con el impacto ambiental,
promoviendo así una justicia especializada en temas ambientales.

La reciente Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) constituye otro
paso importante hacia la sostenibilidad. Esta ley impone a las empresas la
obligación de gestionar los residuos de ciertos productos, tales como aceites,
neumáticos y baterías, materiales de uso común en la industria minera. Así, la

minería no solo debe preocuparse de cumplir con los permisos iniciales, sino
también de mantener una gestión ambiental responsable a lo largo de toda su
cadena de valor.

No obstante, si bien el cumplimiento normativo es fundamental, es esencial que la
minería avance hacia una responsabilidad ambiental proactiva. La industria debe
liderar en innovación tecnológica y en la implementación de prácticas de
sostenibilidad que reduzcan su impacto en el entorno. Este enfoque no solo
contribuye a la preservación del medio ambiente, sino que también fortalece la
relación de la minería con las comunidades locales y con la sociedad en general.

El futuro de la minería en Chile dependerá de su capacidad para adaptarse a un
contexto cada vez más demandante en términos ambientales. No se trata solo de
obtener permisos, sino de asumir un compromiso auténtico con el desarrollo
sostenible, donde el respeto al medio ambiente sea una prioridad al mismo nivel
que la eficiencia productiva. Este es el camino que permitirá que la minería en
Chile no solo sea un sector económico clave, sino también un ejemplo de industria
responsable y consciente de su papel en el bienestar del país.